Carta Abierta Neuquén convocó a las economistas Adriana Giuliani y Nora Díaz, autoras del libro “Petróleo y economía neuquina”, a exponer acerca de los factores que inciden en la producción de gas y petróleo en el país y en la provincia y las nuevas condiciones de la coyuntura política nacional.
La caducidad de las concesiones de áreas por incumplimiento de los contratos, la atomización del sector a partir de la provincialización de los recursos del subsuelo determinada por la reforma constitucional de 1994 y la legislación posterior y la necesidad de invertir en exploración para recuperar y mantener el nivel de reservas fueron algunos de los temas analizados por el grupo Carta Abierta Neuquén en su primera reunión anual realizada el lunes de esta semana.
La convocatoria se realizó para analizar la política petrolera actual a la luz de la desregulación del sector dispuesta en 1989 con el cuerpo legal dictado por el gobierno nacional conducido por Carlos Menem. La base del análisis fue la exposición de Adriana Giuliani y Nora Díaz, autoras del libro Petróleo y economía neuquina, publicado por Educo en 2008.
Según Giuliani, a partir de los decretos 1055, 1212 y 1589 de 1989 se estableció la apertura al juego de la oferta y la demanda y el retiro paulatino y progresivo del Estado de la explotación de hidrocarburos. La transformación del régimen de exploración y explotación de los hidrocarburos culminó con el otorgamiento de la libre disponibilidad del petróleo y el gas, a favor de las concesionarias, para definir su comercialización en el mercado interno o en el internacional. Así, el nuevo escenario de sobreexplotación de los recursos se añadió a la disminución de la actividad exploratoria. Este esquema se tradujo en una caída de las reservas que, desde 1998, cuando se logró el récord de explotación, acompañó la constante baja de la producción hasta las cifras actuales. El final de este proceso, añadió, es la federalización de los recursos hidrocarburíferos, es decir el traspaso total del manejo del subsuelo a los estados provinciales, con la consiguiente vulnerabilidad en toda negociación de los futuros contratos con compañías transnacionales, de mayor poder relativo.
Giuliani también se refirió al cambio del régimen operado a partir de 2003: la ley corta que ratifica el precepto constitucional que otorga la propiedad de los recursos del subsuelo a las provincias, y sus consecuencias en cuanto a las negociaciones de los futuros contratos. A partir de entonces, las provincias comenzaron a definir su propia política energética de acuerdo con sus necesidades presupuestarias y de desarrollo. Ésta fue la culminación de la federalización mencionada más arriba, que derivó en una verdadera balcanización de los recursos cuyos resultados fueron totalmente contrarios a los anunciados: la explotación de hidrocarburos continuó en baja desde 1998 y en la actualidad no registra cambios.
Por ejemplo, en cuanto a las negociaciones de prórroga de contratos, en 2000, el entonces gobernador Jorge Sobisch renovó anticipadamente la concesión de Loma La Lata con Repsol YPF, diez años antes de su vencimiento. Luego, en 2007, Chubut y Santa Cruz hicieron algo similar con Cerro Dragón, uno de los principales yacimientos petrolíferos del país y finalmente, Neuquén, en 2008, prorrogó los contratos en un esquema que fue aprobado a través de la sanción de la ley 2615. Río Negro, con la gestión de Miguel Saiz inició un proceso similar que fue detenido tras la asunción de Carlos Soria y el actual mandatario de esa provincia, Alberto Weretilneck, que se comprometió a reconsiderar las prórrogas anunciadas. Esa revisión se dará, ahora, a la luz de las nuevas relaciones del gobierno nacional con el sector privado hidrocarburífero.
Nora Díaz dijo que en la actualidad existe una deuda del gobierno nacional en materia de combustibles y que el escenario próximo es de una alianza entre la Nación y las provincias productoras –todas o sólo algunas de las que integran Ofephi- frente a las empresas. De esta manera se establecerá un esquema diferente del actual, que configura una alianza entre las provincias productoras, las empresas nacionales y multinacionales y el sindicato petrolero. Además, se requiere redefinir los papeles de las empresas estatales en el sector: Enarsa en el nivel nacional y Gas y Petróleo en el caso neuquino y Formicruz en el de Santa Cruz.
Agregó que es necesario considerar “dos factores fundamentales”: que los hidrocarburos son un recurso estratégico y la enorme renta que maneja el sector, al punto que YPF lideró en los últimos años la facturación empresaria en el país. Mencionó que actualmente el esquema de precios es favorable para las empresas, dado que el costo de producción del barril en la Argentina ronda los 8 dólares mientras que se pagan, descontadas las retenciones, alrededor de 68 dólares por barril. El precio en el mercado internacional se acerca a los 110 dólares por barril.
La diferencia de gestión de la empresa privada, indicó, con YPF estatal es la función social que cumplen: el caso de Rincón de los Sauces es ejemplar, dado que en esa localidad no existe la responsabilidad social de la empresa puesto que todos los servicios –cobertura médica y educativa, infraestructura de servicios- es provista por el Estado provincial o el municipio.
En la actualidad, se verifica además de la caída de la producción y la caída de las inversiones, un proceso de contaminación importante que siguió al período de sobreexplotación de la década de 1990.
En 2007, alentado por el gobierno nacional, el grupo Petersen (liderado por la familia Eskenazi), adquirió una parte del paquete accionario de YPF, el 14,9 por ciento. Cuatro años después, compró un 10 por ciento más, con lo cual totalizó el 24,9 por ciento, con lo cual se convirtió en el segundo accionista más importante luego de Repsol, que controla más del 50 por ciento del paquete accionario.
En el actual esquema del sector, con el planteo oficial respecto de la desinversión en el sector, la aplicación de la legislación vigente puede revertir las áreas a los estados nacional y provinciales, ya que una cláusula de los contratos establece su caducidad por incumplimiento de lo pactado. En rigor, ése es el argumento que utilizarán los gobernadores de Chubut y de Santa Cruz, Martín Buzzi y Daniel Peralta respectivamente, en el acto que se ha convocado para la semana próxima en el límite interprovincial y al que han invitado a sus pares de la Ofephi.
Del encuentro de Carta Abierta Neuquén participaron, entre otros, Humberto Zambón, Enrique Mases, Osvaldo Pellín y Antonio García.
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