texto tomado del boletín de Feduba, la Federación de Docentes de la UBA. Se transcribe a continuación:
FEDUBA saluda y reivindica la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de revocar por unanimidad la sentencia de la Cámara Federal de Mendoza, que había suspendido la aplicación en forma íntegra de la Ley de Servicios Audiovisuales a pedido del diputado del peronismo federal Enrique Thomas.
FEDUBA ha venido participando de las distintas instancias de debate y acción en favor de la ley de la democracia. En particular, en las audiencias públicas en la Cámara de Diputados a través del Secretario de Prensa de CONADU y Secretario Gremial de FEDUBA, Federico Montero. (Ver: http://feduba.org.ar/info/?p=382).
En sus argumentos los magistrados del máximo tribunal señalaron que “ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma erga omnes (de modo general) ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860.”
La resolución de los jueces supremos fija un límite frente a lo que ven como una tendencia creciente a paralizar normas, disposiciones o políticas de gobierno con medidas cautelares. Y señala a la vez que ningún legislador puede impugnar en el ámbito judicial el proceso de sanción de una ley para tratar de “reeditar” así un “debate que perdió en el Parlamento”. Aceptar este planteo, sostienen los magistrados, sería violentar la división de poderes y “abriría el camino hacia la anarquía poniendo en peligro la vigencia de todas las leyes”.
Sin embargo, con este fallo de la Corte Suprema, la ley de medios no recuperará su vigencia de manera automática pues todavía sigue en pie una medida cautelar dispuesta por el juez de Salta Miguel Medina que, igual que la Justicia mendocina, suspendió la aplicación de la norma con efecto general.
El caso salteño fue promovido por otra peronista disidente, la diputada Zulema Daher, aunque si los magistrados de esa provincia se atienen al criterio de los jueces del máximo tribunal, la ley recuperará vigencia y sólo seguirán sin aplicarse artículos puntuales, como la cláusula que obliga a la desinversión en un año en casos específicos de ciertas licenciatarias de radio y TV que obtuvieron medidas cautelares favorables.
La medida implica una clara decisión que fortalece el proceso democrático y auspicia una perspectiva que se dirige en el camino de la profundización en la distribución equitativa de la palabra, pues garantiza la posibilidad de revertir el cuadro de situación generado a partir del fuerte proceso de concentración monopólica de medios de información, originado durante la década del 90 en la Argentina y contra el cual numerosas organizaciones políticas, sindicales y sociales han luchado en los últimos años.
El proyecto, al que con la intencionalidad manifiesta de desvirtuar su espíritu democratizador los medios de información califican como “Ley de medios K”, es el fruto de un amplio debate que fue generado a partir de la intervención de las carreras de comunicación de las universidades nacionales, de los foros de radios comunitarias de todo el país, de las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores de prensa, de organizaciones políticas y sociales, de organismos de derechos humanos, y del amplio espectro de hombres de la cultura, la ciencia y el arte que participaron activamente en la denominada Coalición por una Radiodifusión Democrática.
El tema desde el punto de vista político y social no es menor, y viene a saldar una deuda que la democracia mantiene desde su recuperación en 1983, pues constituye la posibilidad concreta de desplegar un nuevo marco jurídico capaz de superar, en términos políticos, sociales y culturales, el decreto-ley que la dictadura militar confeccionara en el año 1980 (Ley nº 22.285) para acentuar su política de control social a través de los medios de información.
El proyecto plantea abiertamente la posibilidad de rever la distribución desigual y regresiva de la información y los fuertes desajustes que existen entre lo local y lo general, a la vez que abre un abanico amplio de posibilidades de intervenir, desde el punto de vista de la producción de contenidos y titularidad de señales, al conjunto de organizaciones sociales, sindicales y universidades nacionales que deseen participar activamente en un proceso que, a las claras, garantizará el pluralismo informativo y cultural que toda sociedad democrática necesita para su pleno desarrollo.
