Algunas consideraciones sobre el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual

Es parte de una ponencia para una reunión de Carta Abierta Neuquén, en julio de 2009.

Desde que hace algunos años Gabriel García Márquez dijo que el periodismo era el oficio más lindo del mundo han cambiado algunas cosas en el universo de las comunicaciones. Si esa afirmación fue formulada sólo para fortalecer la escuela del nuevo periodismo, y quedó en una cuestión marquetinera, está por verse. Lo cierto es que el ejercicio del periodismo tiene serias amenazas y no es menor la de la credibilidad.
Siempre hay una sospecha sobre el periodista o sobre el medio de comunicación donde trabaja: quién paga, a quién beneficia la información, cómo circula y por qué lo hace. Esa sospecha, en nuestro país, se profundizó el año pasado luego del conflicto planteado por la resistencia de las organizaciones rurales a aceptar el esquema de retenciones móviles impulsado por el gobierno.
En Neuquén, esa pregunta sobre la propiedad de los medios de comunicación social viene formulándose hace tiempo y no es casual: la principal fuente de empleo para el gremio son organismos oficiales, políticos y funcionarios, empresas y organizaciones de la sociedad civil. La actividad privada concentra muy poca mano de obra periodística, opera monopólicamente sobre el circuito informativo y elimina competidores por medio del ninguneo o la captación de la mayor proporción de la torta publicitaria, sea ésta oficial o privada. Así, y veámoslo en nuestra sociedad, las voces disidentes sólo provienen de medios de comunicación social financiados por instituciones o cooperativas. Eso se consagrará con el 30 por ciento de la iniciativa en análisis.

Lo primero que aparece en la discusión planteada por el proyecto oficial es la oportunidad: la iniciativa se presentó cuando el gobierno enfrentaba una relación de fuerzas adversa. No lo hizo durante la administración de Néstor Kirchner cuando esa relación le era favorable. La pregunta, aquí, es saber si luego del 28 de junio habrá posibilidades de continuar la discusión de esta propuesta, que será, con la política de derechos humanos, el logro más importante de la gestión de gobierno.
Hay una segunda pregunta: además del decreto-ley de radiodifusión (22285) heredado de la dictadura cívico militar queda por derogar el correspondiente a las entidades financieras que consolida y consagra este sistema bancario que no responde, precisamente, a intereses nacionales y sociales.
La transformación del sistema comunicacional en la Argentina es una deuda de más de 25 años: ya estaba en la plataforma política de la Unión Cívica Radical y del justicialismo en 1983. Es necesario cambiar el concepto fundamental de esa ley: pasar de concebir a la comunicación como un negocio para considerarla un derecho humano, un bien social y, por tanto, un servicio público. No, en ningún caso, una actividad motivada por el lucro.
Esa década, la de 1980, fue el escenario de la derrota del informe Mc Bride sobre el Nuevo orden comunicacional. Y en la Argentina fue el triunfo de la monopolización y oligopolización de las comunicaciones. Cada avance tecnológico se traducía en una apropiación por parte del sector empresario y del poder.
Hoy, gran parte de la discusión está planteada en torno de los problemas anticipados por el informe Mc Bride: pluralidad de voces, multiplicidad de actores, circulación de las culturas y acceso tecnológico para las mayorías.
Si la realidad depende del cristal con que se la mire, hay que recordar, con Arturo Jauretche que es importante dónde se pone el prisma para ver esa realidad. También se podría plagiar el concepto de zoncera y aplicarlo a aquella tan vigente hoy en día que confunde la libertad de empresa con la libertad de expresión o la libertad de comunicación.
El proyecto que finalmente presentó el gobierno de Cristina Fernández tiene como base, como se sabe, los 21 puntos denominados Iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión para la democracia, que comenzó a discutirse hace cuatro años entre representantes de asociaciones civiles, sindicatos, cooperativas, que recogieron la discusión existente desde 1983 y antes.

Invitado por Carta Abierta Neuquén para pensar sobre el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, la primera pregunta es por los cambios que producirá su eventual sanción en la existencia de un periodista. Es decir, en qué forma influirá una nueva ley sobre el ejercicio cotidiano del oficio.
Permítanme imaginar algo, y no se trata de una reedición del mito del eterno retorno ni de los ciclos en la vida política y cultural de la Argentina. Al contrario, como a muchos, a mí también me interesa la cuestión de la cuota.
En este caso, es la cuota de pantalla que estará cubierta con producción local, sea provincial, regional o nacional. Porque entonces habrá trabajo genuino para escritores, guionistas, fotógrafos, camarógrafos, editores, directores, actores.
Es necesario, me parece, dotar de ficción propia al aire y a las pantallas. Las ficciones son como los sueños, los pueblos las necesitan para expresar sus deseos, sus temores, ver como en un espejo su vida.
Entonces, a eso aspiramos: a recuperar un espacio donde ejercer la prepotencia de trabajo que nos permita equivocarnos y aprender; errar para acertar; tener varias voces para que no se escuche una sola voz.
Ése es el cambio que puede traer la nueva ley: no sólo más trabajo sino más imaginación; no sólo más de lo mismo sino más diferencias.


Comentarios de Gabriel Mariotto sobre el proyecto

Todavía no se avanzó sobre la elección de ninguna de las tres normas que vos planteas.
La ley contempla la digitalización y, si bien existen matices entre dichas normas, el efecto es prácticamente el mismo. Hay algunas normas que están ajustadas a ocho megahertz y otras que se adaptan a seis megahertz.
Yo entiendo que cuando el proyecto tome estado parlamentario se va a activar la discusión de la norma.
Creo que aquí habría que privilegiar la integración latinoamericana. Esa es la recomendación que vamos a hacer. No reproduzcamos un esquema de partición, sino que todos tengamos una norma central.
Brasil ha adoptado la norma japonesa, mientras que Uruguay ha adoptado la norma europea. Toda América Latina está esperando a ver qué hace la Argentina. La norma europea es una buena norma.
Hay muchas empresas que están detrás de la decisión de la norma europea. La norma norteamericana tiene mucho lobby; hay muchas empresas que están detrás.
Creo que más allá de los lobbies, que es una decisión muy importante, hay que priorizar una mirada regional, que garantice integración. Si bien esto es distinto, que no reproduzca aquel esquema de división cuando elegimos la televisión color en nuestro país. Todavía hoy es imposible mandar un DVD, un cassette, un VHS a Brasil, a Venezuela, sin pasar por otros tamices.
Si bien la tarea del lobby es absolutamente distinta, tenemos que hacer un análisis. México optó por la norma norteamericana por una cuestión de cercanía. De México para abajo está todo para resolver, salvo el caso de Brasil. Si la Argentina optase por la norma japonesa, es como que arrastra al resto de América Latina a lo mismo.
La sugerencia es ver, técnicamente, cuál de las tres normas nos garantiza compatibilidad.


Hay que pensar qué está atrás de los lobbies en el Parlamento, que han impedido que más de 60 proyectos que se presentaron en ambas Cámaras, en las comisiones de comunicaciones de Senado y Diputados, hayan perdido el estado parlamentario. Fueron muy grandes las presiones de los que quisieron mantener el statu quo. Y nos hacen asimilar que esa falta de debate se da como natural.
La concentración mediática que tiene la Argentina prácticamente es natural; parece loco cuestionarse cómo llegamos a este punto. El mundo nos indica otra cosa. El mundo nos indica que aquellos preceptos de libertad de expresión del Pacto de San José de Costa Rica forma parte de la legislación en el marco jurídico de los países más desarrollados en el tema de libertad de expresión.
Ahora, si nosotros cuestionamos que en área de cobertura una misma persona jurídica tenga todo, parece que fuésemos trasnochados. Y cuando vemos lo que está pasando en Europa, en los Estados Unidos cada vez que una empresa quiere concentrar, la sociedad se moviliza, las audiencias públicas se establecen y la legislación es taxativa, tratando de garantizar libertad de expresión por un lado, cruzados por leyes antimonopólicas por otro.




El caso neuquino, según Rodolfo Laffitte

La provincia de Neuquén tiene una vasta historia “en la lucha por el tema de la radiodifusión y los medios de comunicación social”, aseguró y recordó que en el año 1984 el entonces gobernador Felipe Sapag creó una comisión de comunicación social que contemplaba, entre otros temas, la falta de contenidos locales debido a la presencia de medios nacionales.

Explicó que el trabajo de esa comisión generó diversas acciones, entre ellas el proyecto que se plasmó en la Ley 1.646 del año 1985, que trataba sobre la instalación de pequeñas radios comunitarias. Si bien esta norma no llegó a aplicarse, “pretendíamos inspirar el sentido federal de nuestra organización nacional”, aseguró.

Por aquella época se creó también Radio y Televisión del Neuquén (RTN) “como productora de contenidos regionales y locales que ha tenido una larga trayectoria y subsiste hasta el día de hoy con un desarrollo importante”, sin embargo, consideró que si bien RTN llega al interior a través de repetidoras y de una red integrada de radiodifusión por satélite, “es hora que la provincia de Neuquén tenga su señal propia”.


Gerardo Burton
Neuquén, junio de 2009.