martes, 11 de agosto de 2009

Algunas consideraciones sobre el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual

Es parte de una ponencia para una reunión de Carta Abierta Neuquén, en julio de 2009.

Desde que hace algunos años Gabriel García Márquez dijo que el periodismo era el oficio más lindo del mundo han cambiado algunas cosas en el universo de las comunicaciones. Si esa afirmación fue formulada sólo para fortalecer la escuela del nuevo periodismo, y quedó en una cuestión marquetinera, está por verse. Lo cierto es que el ejercicio del periodismo tiene serias amenazas y no es menor la de la credibilidad.
Siempre hay una sospecha sobre el periodista o sobre el medio de comunicación donde trabaja: quién paga, a quién beneficia la información, cómo circula y por qué lo hace. Esa sospecha, en nuestro país, se profundizó el año pasado luego del conflicto planteado por la resistencia de las organizaciones rurales a aceptar el esquema de retenciones móviles impulsado por el gobierno.
En Neuquén, esa pregunta sobre la propiedad de los medios de comunicación social viene formulándose hace tiempo y no es casual: la principal fuente de empleo para el gremio son organismos oficiales, políticos y funcionarios, empresas y organizaciones de la sociedad civil. La actividad privada concentra muy poca mano de obra periodística, opera monopólicamente sobre el circuito informativo y elimina competidores por medio del ninguneo o la captación de la mayor proporción de la torta publicitaria, sea ésta oficial o privada. Así, y veámoslo en nuestra sociedad, las voces disidentes sólo provienen de medios de comunicación social financiados por instituciones o cooperativas. Eso se consagrará con el 30 por ciento de la iniciativa en análisis.

Lo primero que aparece en la discusión planteada por el proyecto oficial es la oportunidad: la iniciativa se presentó cuando el gobierno enfrentaba una relación de fuerzas adversa. No lo hizo durante la administración de Néstor Kirchner cuando esa relación le era favorable. La pregunta, aquí, es saber si luego del 28 de junio habrá posibilidades de continuar la discusión de esta propuesta, que será, con la política de derechos humanos, el logro más importante de la gestión de gobierno.
Hay una segunda pregunta: además del decreto-ley de radiodifusión (22285) heredado de la dictadura cívico militar queda por derogar el correspondiente a las entidades financieras que consolida y consagra este sistema bancario que no responde, precisamente, a intereses nacionales y sociales.
La transformación del sistema comunicacional en la Argentina es una deuda de más de 25 años: ya estaba en la plataforma política de la Unión Cívica Radical y del justicialismo en 1983. Es necesario cambiar el concepto fundamental de esa ley: pasar de concebir a la comunicación como un negocio para considerarla un derecho humano, un bien social y, por tanto, un servicio público. No, en ningún caso, una actividad motivada por el lucro.
Esa década, la de 1980, fue el escenario de la derrota del informe Mc Bride sobre el Nuevo orden comunicacional. Y en la Argentina fue el triunfo de la monopolización y oligopolización de las comunicaciones. Cada avance tecnológico se traducía en una apropiación por parte del sector empresario y del poder.
Hoy, gran parte de la discusión está planteada en torno de los problemas anticipados por el informe Mc Bride: pluralidad de voces, multiplicidad de actores, circulación de las culturas y acceso tecnológico para las mayorías.
Si la realidad depende del cristal con que se la mire, hay que recordar, con Arturo Jauretche que es importante dónde se pone el prisma para ver esa realidad. También se podría plagiar el concepto de zoncera y aplicarlo a aquella tan vigente hoy en día que confunde la libertad de empresa con la libertad de expresión o la libertad de comunicación.
El proyecto que finalmente presentó el gobierno de Cristina Fernández tiene como base, como se sabe, los 21 puntos denominados Iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión para la democracia, que comenzó a discutirse hace cuatro años entre representantes de asociaciones civiles, sindicatos, cooperativas, que recogieron la discusión existente desde 1983 y antes.

Invitado por Carta Abierta Neuquén para pensar sobre el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, la primera pregunta es por los cambios que producirá su eventual sanción en la existencia de un periodista. Es decir, en qué forma influirá una nueva ley sobre el ejercicio cotidiano del oficio.
Permítanme imaginar algo, y no se trata de una reedición del mito del eterno retorno ni de los ciclos en la vida política y cultural de la Argentina. Al contrario, como a muchos, a mí también me interesa la cuestión de la cuota.
En este caso, es la cuota de pantalla que estará cubierta con producción local, sea provincial, regional o nacional. Porque entonces habrá trabajo genuino para escritores, guionistas, fotógrafos, camarógrafos, editores, directores, actores.
Es necesario, me parece, dotar de ficción propia al aire y a las pantallas. Las ficciones son como los sueños, los pueblos las necesitan para expresar sus deseos, sus temores, ver como en un espejo su vida.
Entonces, a eso aspiramos: a recuperar un espacio donde ejercer la prepotencia de trabajo que nos permita equivocarnos y aprender; errar para acertar; tener varias voces para que no se escuche una sola voz.
Ése es el cambio que puede traer la nueva ley: no sólo más trabajo sino más imaginación; no sólo más de lo mismo sino más diferencias.


Comentarios de Gabriel Mariotto sobre el proyecto


Todavía no se avanzó sobre la elección de ninguna de las tres normas que vos planteas.
La ley contempla la digitalización y, si bien existen matices entre dichas normas, el efecto es prácticamente el mismo. Hay algunas normas que están ajustadas a ocho megahertz y otras que se adaptan a seis megahertz.
Yo entiendo que cuando el proyecto tome estado parlamentario se va a activar la discusión de la norma.
Creo que aquí habría que privilegiar la integración latinoamericana. Esa es la recomendación que vamos a hacer. No reproduzcamos un esquema de partición, sino que todos tengamos una norma central.
Brasil ha adoptado la norma japonesa, mientras que Uruguay ha adoptado la norma europea. Toda América Latina está esperando a ver qué hace la Argentina. La norma europea es una buena norma.
Hay muchas empresas que están detrás de la decisión de la norma europea. La norma norteamericana tiene mucho lobby; hay muchas empresas que están detrás.
Creo que más allá de los lobbies, que es una decisión muy importante, hay que priorizar una mirada regional, que garantice integración. Si bien esto es distinto, que no reproduzca aquel esquema de división cuando elegimos la televisión color en nuestro país. Todavía hoy es imposible mandar un DVD, un cassette, un VHS a Brasil, a Venezuela, sin pasar por otros tamices.
Si bien la tarea del lobby es absolutamente distinta, tenemos que hacer un análisis. México optó por la norma norteamericana por una cuestión de cercanía. De México para abajo está todo para resolver, salvo el caso de Brasil. Si la Argentina optase por la norma japonesa, es como que arrastra al resto de América Latina a lo mismo.
La sugerencia es ver, técnicamente, cuál de las tres normas nos garantiza compatibilidad.


Hay que pensar qué está atrás de los lobbies en el Parlamento, que han impedido que más de 60 proyectos que se presentaron en ambas Cámaras, en las comisiones de comunicaciones de Senado y Diputados, hayan perdido el estado parlamentario. Fueron muy grandes las presiones de los que quisieron mantener el statu quo. Y nos hacen asimilar que esa falta de debate se da como natural.
La concentración mediática que tiene la Argentina prácticamente es natural; parece loco cuestionarse cómo llegamos a este punto. El mundo nos indica otra cosa. El mundo nos indica que aquellos preceptos de libertad de expresión del Pacto de San José de Costa Rica forma parte de la legislación en el marco jurídico de los países más desarrollados en el tema de libertad de expresión.
Ahora, si nosotros cuestionamos que en área de cobertura una misma persona jurídica tenga todo, parece que fuésemos trasnochados. Y cuando vemos lo que está pasando en Europa, en los Estados Unidos cada vez que una empresa quiere concentrar, la sociedad se moviliza, las audiencias públicas se establecen y la legislación es taxativa, tratando de garantizar libertad de expresión por un lado, cruzados por leyes antimonopólicas por otro.




El caso neuquino, según Rodolfo Laffitte

La provincia de Neuquén tiene una vasta historia “en la lucha por el tema de la radiodifusión y los medios de comunicación social”, aseguró y recordó que en el año 1984 el entonces gobernador Felipe Sapag creó una comisión de comunicación social que contemplaba, entre otros temas, la falta de contenidos locales debido a la presencia de medios nacionales.

Explicó que el trabajo de esa comisión generó diversas acciones, entre ellas el proyecto que se plasmó en la Ley 1.646 del año 1985, que trataba sobre la instalación de pequeñas radios comunitarias. Si bien esta norma no llegó a aplicarse, “pretendíamos inspirar el sentido federal de nuestra organización nacional”, aseguró.

Por aquella época se creó también Radio y Televisión del Neuquén (RTN) “como productora de contenidos regionales y locales que ha tenido una larga trayectoria y subsiste hasta el día de hoy con un desarrollo importante”, sin embargo, consideró que si bien RTN llega al interior a través de repetidoras y de una red integrada de radiodifusión por satélite, “es hora que la provincia de Neuquén tenga su señal propia”.


Gerardo Burton
Neuquén, junio de 2009.

lunes, 10 de agosto de 2009

Comunicación para el proyecto nacional

Este documento es producto de un encuentro que se realizó en Buenos Aires en la última semana de julio, convocado por Sergio Fernández Novoa, Luis Lazzaro y Néstor Piccone.


1.- Discusión política.

EL ESCENARIO ACTUAL

A partir de la década de los 90 se profundizó la instauración del neoliberalismo con la privatización de los medios y la reducción de la comunicación social a meras políticas de mercado. Ese dispositivo multimedia, que expresa la voz de unos pocos grupos económicos, es el que vuelve ahora a empujar a la Argentina hacia la restauración conservadora.

El modelo de desarrollo democrático con inclusión social y participación federal de todos sus habitantes no es viable si no cambia el mapa que concentra en un par de empresas porteñas la agenda política, económica y cultural de los argentinos. Esa agenda que intimida, despolitiza y desinforma para incidir en la construcción de un perfil de opinión pública que acepte la vuelta atrás.

La gestión iniciada por Néstor Kirchner en 2003 avanzó en la reparación histórica de la gravísima herencia de impunidad, destrucción del Estado y del sentido de lo público, la pobreza y exclusión que dejó el autoritarismo de mercado en los 90. Luego Cristina Fernández de Kirchner impulsó mecanismos para la redistribución del ingreso y fortaleció el compromiso latinoamericano de la Argentina, despertando una feroz reacción en los grupos de poder.

Desde los primeros días de la gestión de Cristina, la agenda mediática vino instalando en la sociedad la idea de que las carencias en materia de seguridad, calidad institucional, justicia social, redistribución del ingreso y gestión pública se resuelven volviendo al mercado y no profundizando la transformación del Estado. La campaña preelectoral y la lectura sobre los resultados del 28 J avanzan en la construcción de un escenario sin la opción del kirchnerismo y despreciando otros aportes como los provenientes de actores sociales, otros partidos populares o expresiones del pensamiento nacional.

La democratización de los medios y del acceso social a ellos constituye desde 1983 un requisito pendiente de la democracia. Ello se hizo particularmente visible a partir de la reacción conservadora encabezada por las patronales del campo en 2008. Ese año Cristina decidió poner en debate el tema a través de un proyecto de ley que recogió las iniciativas populares de los últimos años.

POLÍTICA Y COMUNICACIÓN
En los tiempos de la telepolítica, cuando la comunicación de las estrategias y de las políticas públicas no tiene manera de llegar a la sociedad y depende de la trama multimedia del mercado, es muy difícil construir el sujeto social que se movilice y defienda los cambios que favorecen sus intereses.

Nuestra convocatoria surge de la necesidad de promover acciones y propuestas que aporten al desarrollo de todas las herramientas para construir desde la comunicación ese sujeto social comprometido con un proceso de transformaciones a favor del interés nacional y popular.

La agenda de este tiempo está en disputa. El ejemplo del golpe en Honduras muestra que la restauración conservadora no habrá de reparar en las formalidades de la democracia. En la Argentina los grupos económicos resignifican el “diálogo” pervirtiendo su esencia al plantearlo, de modo unilateral, sólo desde la consideración de sus intereses sectoriales que disfrazan de nacionales.

En ese marco resaltamos la necesidad de considerar que la acción política es un hecho comunicacional y que no hay comunicación sin política. La propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual constituye un paso fundamental para la democratización y transformación del mapa de medios de la Argentina, así como para garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión. Corresponde ahora, en consecuencia, su pronto envío al Congreso de la Nación para su tratamiento y aprobación.

COHERENCIA Y PARTICIPACIÓN

Esa bandera es parte de la movilización social que desde el retorno de la democracia ha bregado por instalar el debate de la comunicación y los medios como un elemento inseparable de la reparación de los derechos más esenciales de nuestro pueblo. Hemos sostenido que si unos pocos controlan la información no es posible la democracia.

La construcción de la propuesta de ley de servicios audiovisuales a partir de los 21 Puntos surgidos de la convocatoria y participación de actores sociales, políticos, universitarios, de la cultura y de los medios en la Coalición por una Radiodifusión Democrática también muestra un modelo de acumulación social necesario para disputar la agenda.

2.- Modelo organizativo

RECUPERAR NUESTRA HISTORIA

Somos parte de un amplio colectivo que desde la tarea periodística, la comunicación institucional o popular, la investigación y el análisis sobre la escena mediática, la gestión pública y el compromiso político diario ha venido sumando aportes a la construcción de herramientas organizativas y conceptuales para fortalecer el camino.

Una buena caracterización es necesaria para saber qué somos y adonde vamos. Somos una corriente de compañeros provenientes del campo de la comunicación y de diversos compromisos sociales y políticos a favor de un proyecto nacional, democrático con inclusión social y participación federal.

Pensamos a la política como una herramienta de gestión y transformación, pero no la reducimos a su expresión electoral, porque este es solamente un campo -y muchas veces no el principal- de la disputa por el modelo.

ESPACIO DE ARTICULACIÓN TRANSVERSAL

Proponemos un espacio de articulación transversal de las políticas de comunicación del campo nacional y popular para construir herramientas que promuevan un nuevo relato cultural y político para el proyecto transformador.

No somos una interna que disputa espacios coyunturales sino un colectivo para sumar opciones en las cuestiones de fondo.

PROBLEMAS Y REIVINDICACIONES A RESOLVER

Queremos desarrollar políticas, ideas e insumos técnicos para los espacios partidarios, sociales o gremiales que comparten el camino, queremos hacer gestión para que avancen las propuestas, producir conocimientos para darle eficacia a los cambios, promover medios del campo popular y de los empresarios nacionales a partir de una política pública que además tenga en cuenta la sustentabilidad económica y de gestión de los proyectos.

Queremos aportar al desarrollo y construcción de una política pública de comunicación que articule los espacios del ámbito público y de los sectores populares, recuperando el rol integrador y promotor del Estado.

Queremos transmitir a los compañeros más jóvenes el legado de una historia política hecha en la militancia social y popular, en la resistencia y en la coherencia. Queremos aportar los conocimientos y la experiencia para la capacitación y la formación de nuevos luchadores que disputen el futuro haciendo comunicación desde la política y política desde la comunicación.

NUEVAS HERRAMIENTAS

Una tarea nueva requiere de formas y prácticas nuevas. Primero formas que respondan a objetivos y objetivos que sinteticen las tareas principales. Es central entonces señalar que la comunicación no es un asunto técnico o de eficacia operativa sino una construcción social y política.

La comunicación es el campo central de las grandes batallas, pero no entendida como solo difusión, sino como forma de construcción de identidades en la disputa del poder.

Una razón de la organización es además el sentido de pertenencia a un espacio que contenga ese debate. También la necesidad de otorgarle visibilidad en los ámbitos de construcción de decisiones políticas, sociales o sindicales. La organización debe incluir entonces metodologías de participación y de conducción que reflejen tanto la diversidad como los niveles de síntesis necesarios.

SECTORES Y REIVINDICACIONES

No sólo debe contener compañeros y tareas, debe además incluir sectores y reivindicaciones. Debe recuperar las mejores prácticas de organización y desarrollo de los actores sociales, de los comunicadores nacionales o de los medios populares que aportaron nuevas voces a la democracia. Ámbito político pero también reivindicativo entonces. Que además haga visibles a los medios locales –gráficos, radiales, etc.-, la televisión barrial o comunitaria, la lucha de los empresarios PYMES por el papel o la publicidad, de las radios populares por su licencia y reconocimiento, de los medios públicos comunales o provinciales para ser reconocidos como actores de la comunicación, de las cooperativas del sector, entre otros.

Organización que también pueda dar cuenta de los nuevos debates en el campo de las teorías de la comunicación y del desarrollo y empleo de las nuevas tecnologías como elementos de impacto en el campo social, económico y político. Organización que pueda debatir y opinar. En síntesis, que referencie, que contenga, que exprese e intervenga en la disputa del sentido global.

UN ESPACIO PLURAL Y FEDERAL

Una herramienta posible sería una Asociación Civil de carácter nacional –con personerías provinciales que podrían gestionar los compañeros en sus territorios- capaz de procesar un amplio debate, producir ideas y documentos, pero también de albergar la problemática de los medios del campo nacional y popular para luchar por sus reivindicaciones. El protagonismo de las provincias debe garantizar el contenido federal de le nueva organización.

Esa Asociación debería tener tantas comisiones como tareas. Una estructura que tenga la capacidad de sintetizar los modelos de organización que surgen de las últimas experiencias: la pirámide y la red. La red puede constituirse a partir de las sedes locales que pueda generar la Asociación y también de la réplica de sus comisiones en todo el país. La pirámide deberá invertirse para expresar a todos en la base y convertirse en uno para la realización de cada tarea.


3.- Tareas inmediatas.

A partir de la organización deberá asumirse un conjunto de acciones que permitan ordenar la agenda temática, establecer mecanismos de convocatoria y participación y producir la difusión de las principales conclusiones.

• Difundir las conclusiones del Plenario.

• Producir, en el corto plazo, una publicación electrónica que ponga en circulación una agenda de temas y tareas.

• Implementar o acompañar acciones de promoción del debate de la nueva ley de servicios audiovisuales en el Congreso Nacional.

• Realizar encuentros y actividades en las provincias.

• Iniciar el trabajo de edición de una publicación que integre artículos de los compañeros para contar con un material de debate y difusión.

PROPUESTA DE COMISIONES

• Trabajadores de la comunicación
• Pymes y medios locales
• Medios comunitarios
• Cooperativas y medios de la economía social
• Políticas públicas de comunicación
• Investigación y capacitación
• Comunicación (incluye intercambio de contenidos)
• Planificación estratégica de contenidos
• Juventud, política y comunicación.

COMISION POLÍTICA

Encargada de articular el desarrollo global y coordinar una agenda programática.
Realiza el mapa de recursos humanos y comunicacionales del espacio.
Convoca a tareas a los compañeros que quieran participar de:

-Relaciones Institucionales
-Administración y Recursos
-Organización y federalismo.

sábado, 8 de agosto de 2009

Carta pública de Duhalde a Fernández Meijide


El secretario de Derechos Humanos de la Nación respondió dichos de Graciela Fernández Meijide sobre los desaparecidos. "A título personal", se denomina este escrito.

Le escribo esta carta pública a la madre de un detenido-desaparecido y a la integrante por muchos años del Movimiento de Derechos Humanos. Lo hago no como Secretario de Derechos Humanos de la Nación, sino como compañero de las luchas antidictatoriales. Por esta razón rompo mi norma de conducta de no polemizar en torno a un tema tan grave e inconmensurable como son las consecuencias del genocidio sufrido.

La opinión pública está acostumbrada a esfuerzos por disminuir la dimensión de la tragedia argentina, normalmente en boca de epígonos del terrorismo de Estado como Mariano Grondona o Cecilia Pando. De igual modo escuchamos cada tanto voces negacionistas del Holocausto que sostienen que no fueron seis millones los judíos inmolados por el nazismo, sino un número inferior como si la aberración criminal fuera una cuestión aritmética.

Distinto es su caso porque por historia usted no integra los cuadros de la barbarie.

Bastaría ver el regocijo que sus declaraciones han producido en quienes justifican el obrar del terrorismo de Estado para advertir las consecuencias enormemente graves de sus dichos que parten de un error esencial: el creer que existe algún registro fehaciente de la dimensión del crimen masivo de lesa humanidad perpetrado por las Fuerzas Armadas argentinas y sus socios civiles.

El único registro fehaciente de la cantidad de víctimas asesinadas, su identidad y destino final solo está en poder de los asesinos. De aquellos que mientras pregonan que su accionar fue "justo y en defensa de la patria" ocultan todo dato, sabiendo que su proceder fue abiertamente criminal.

Bien sabe usted que no hay un censo nacional completo sobre el número de víctimas y que éste es irremisiblemente aproximativo.

Usted como integrante de la CONADEP conoce el enorme esfuerzo que durante el lapso de los sólo ocho meses de vida de la Comisión se realizó para receptar testimonios de familiares de víctimas que accedieron a convertir en denuncia su dolor. Era el comienzo de la recuperación de la democracia, con los asesinos caminando por las calles y en libertad.

Concluido el trabajo de la CONADEP y finalmente depositado el fondo documental en la entonces Subsecretaría de Derechos Humanos, algunos familiares continuaron haciendo sus denuncias aunque ya no estaba la motivación de expresarse ante la Comisión. La euforia que precedió al juicio de los ex Comandantes dio paso a la decepción más absoluta con el dictado de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los posteriores indultos que aseguraron la impunidad de los criminales por más de 20 años.

¿Tenía acaso sentido que los familiares de los detenidos -desaparecidos que no habían hecho su denuncia ante la CONADEP concurrieran a seguir haciéndolo ante un Estado que protegía a los criminales? Cuando 20 años después las leyes de la impunidad fueron derogadas y declaradas inconstitucionales, ya era tarde. Muchos de los padres de las víctimas habían fallecido o la resignación ante lo inevitable había mermado sus fuerzas para hacer su denuncia.

A ello se suma que en alguna zona del país, aún en democracia, parte de los peores represores continuaron teniendo poder: como Bussi institucionalmente en Tucumán o Benjamín Menéndez fácticamente en Córdoba, prolongando la cadena de temor. En otras provincias como Chaco, Misiones o Salta donde poblaciones campesinas fueron víctimas del terrorismo de Estado, su condición de marginados sociales no favoreció su acceso a la Justicia.

Recién a partir del año 2004 con el fin de la impunidad, al amparo de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, se incrementó el cotidiano goteo de nuevas denuncias que sigue hasta el presente.

En consecuencia tomar los registros parciales de la CONADEP y los posteriores a la Secretaría de Derechos Humanos como registros totales, es tan falaz y mentiroso como reducir el número de desaparecidos a la cantidad de restos óseos localizados, que apenas superan el número de 1000.

Lo dicho vale para explicar la parcialidad de la identificación lograda hasta el presente a través de las denuncias de los familiares. Tampoco ha servido la cuantificación de los familiares presentados, reclamando el beneficio de las leyes reparatorias, puesto que no todos los desaparecidos dejaron herederos forzosos y que parte de aquellos familiares rechazaron reclamar la indemnización hasta que no se supieran quienes fueron los autores del crímen y fueran condenados y los restos de su familiar fuera hallado.

Lo dicho explica por qué las cifras que usted utiliza son parciales y que por otra parte jamás fueron ocultados, puesto que usted las halló en la información on line del Estado argentino y obran también en la última edición del Nunca Más.

Concluido este aspecto cabe adentrarse en el número de 30.000 detenidos-desaparecidos convertido en consigna permanente no sólo del Movimiento de Derechos Humanos sino de vastos sectores sociales. La cifra no es arbitraria y es el producto de diversas variables:

a) La cantidad de sitios clandestinos de detención y exterminio, en todo el país, que superan el número de 500.

b) Las estimaciones sobre el número de prisioneros que hubo en los grandes centros de detención y exterminios como la ESMA, Campo de Mayo, La Perla, el Batallón de Tucumán, el Circuito Camps, El Olimpo, El Atlético, etc., ya que ellos solos superan con creces el número actual registrado en la CONADEP y la Secretaría de Derechos Humanos.

c) La estimación en torno al número proporcional de Habeas Corpus presentados en el país.

d) El número de integrantes de las estructuras militares afectadas a la represión ilegal durante todo el periodo dictatorial que superan los 150 mil hombres, activos a la caza de sus víctimas.

e) Los propios dichos de los militares previo al golpe de Estado, de que sus relevamientos efectuados con anterioridad, desde las escuelas hasta las fábricas, que indicaban en más de 30.000 las personas a eliminar (ver por ejemplo los dichos de un militar en la carta del escritor Haroldo Conti desaparecido el 5 de mayo de 1976, escrita previa al golpe y dirigida a Roberto Fernández Retamar de fecha 02 de enero de 1976).

f) Los informes de la Embajada Norteamericana al Departamento de Estado, haciendo constar que en el año 1978 los jefes de la dictadura argentina informaron a la DINA chilena que las víctimas alcanzaban ya el número de 22.000. Debe recordarse que la dictadura continuó en su labor represiva ilegal de secuestros y asesinatos por cinco años más con posterioridad a ese informe y que aquella cifra de 22.000 correspondía a solo los dos primeros años de la dictadura.

Todo ello hace que la cifra de 30.000 no sea ni arbitraria ni caprichosa. Aunque es lamentable reducir la dimensión de la tragedia argentina a un problema contable.

El carácter masivo, criminal y abyecto no se mide por un resultado aritmético, al menos para los que creemos que cuando se asesina un hombre se está asesinando a la humanidad.

No puedo dejar de referirme a sus expresiones de que contrariar la teoría de los dos demonios es un problema de "chiquitaje". Aquella perversa teoría no iguala como pareciera la responsabilidad de la violencia popular al terrorismo estatal, sino que en la medida en que sostiene que la violencia popular fue anterior a los crímenes de Estado, en definitiva se convierte en la teoría de un solo demonio, el de los sectores populares. Así se tergiversa, se miente y se oculta la verdad histórica de que a partir del Bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955 con sus 300 muertos, con los sucesivos asaltos al Estado y la proscripción política, con los fusilamientos de junio de 1956 y la Masacre de José León Suarez, con las cárceles llenas de presos políticos, con la aplicación del Plan CONINTES, con los asesinatos de militantes populares desde Felipe Vallese en adelante hasta llegar a la Masacre de Trelew, se generó una masiva, sistemática y criminal represión al pueblo argentino que se prolongó hasta la propia génesis del asalto al poder el 24 de marzo de 1976.

Por último, dice usted que los juicios a los militares no van a ninguna parte. Ello es un verdadero despropósito: la condena de las Juntas, de Camps, Menéndez, Bussi, Etchecolatz y tantos otros, no solo sirven para recuperar a la Justicia como una actividad fundante del Estado: ha servido para que la condena social al terrorismo de Estado sea irreversible y de encarnadura al "Nunca Más". Felizmente todos los días se avanza en los centenares de causas judiciales en trámite, con aporte de nuevas pruebas.

Es triste comprobar que usted pretenda ignorar todas estas circunstancias, aunque seguramente sus afirmaciones le asegurarán un buen éxito editorial para el libro que ha escrito.

Eduardo Luis Duhalde

sábado, 1 de agosto de 2009

Se salen de la vaina (a un año del rechazo a la Resolución 125)

El toro Shorthorn, bautizado "Cleto", ingresa a la Rural, hace un año




Por Claudio Scaletta
jaius@yahoo.com

La madrugada del jueves 17 de julio de 2008 muchos argentinos no durmieron. El programa, un debate legislativo de trasnoche, no era a priori el más atractivo, pero el poder de las pantallas fue cautivante. Algo comenzaba a definirse. El guión que repetían los senadores no importaba. Sólo se esperaba el desenlace. Los gestos, las caras crispadas, la euforia contenida, la desazón en ciernes, eran los indicios de un final para muchos inesperado. El rechazo de las retenciones móviles fue una dura derrota para el gobierno. La primera. Catalizaba una nueva fuerza política que expresaba a un remozado viejo bloque económico. La vieja derecha neoliberal que había administrado el país en el último cuarto del siglo XX, y cuyo experimento había terminado en la peor crisis de la historia, recobraba canales de representación institucional. Para un gobierno legitimado en las urnas pocos meses antes fue un bocado difícil de digerir. Se identificó al adversario, que cómo nunca antes quedó a la intemperie, pero se negaron las flaquezas propias. La divisoria de aguas recuperó épicas. Se volvió a hablar de política, de ideología, no solo de “gestión”.

Reparto
Desde mediados de 2007 la puja por el reparto del excedente económico coincidió con los primeros indicios de la crisis internacional. Los sectores formadores de precios avanzaron, sin novedad, como siempre lo hicieron: remarcando. La mediación estatal al interior de las cadenas de valor no fue siempre feliz. La negación oficial de la evolución de los índices aportó al retraso salarial de los trabajadores informales y frenó el ciclo de recuperación ininterrumpida de los indicadores sociales iniciado en 2003. Los empleados en blanco conservaron su poder adquisitivo con convenios que superaban la inflación oficial.
Para el agro pampeano los precios marcaron el pulso. Antes de la explosión de la burbuja de los mercados de commodities, las cotizaciones de los productos agropecuarios parecían imparables. Un breve repaso muestra que en enero de 2007 la soja cotizaba a 260 dólares la tonelada. Un año después estaba por encima de 500. Aunque las retenciones a la oleaginosa ya superaban un tercio de su valor FOB (35 por ciento), el gobierno decidió en marzo acudir a mayores transferencias de la renta agropecuaria. Suponiendo que un mecanismo automático de ajuste entrañaba una menor conflictividad futura se eligió el camino de las retenciones móviles, que no sólo permitían transferir renta, sino que favorecían consecuencias macroeconómicas deseables; como una barrera frente a la inflación internacional, el (tardío) desaliento a la sojización y acentuar la diferenciación cambiaria.
En julio, cuando tras la larga puja de 4 meses las corporaciones agropecuarias lograron el rechazo del Senado a la resolución 125, la soja tocó un techo de 536 dólares. Pero desatada la crisis financiera internacional cayó hasta los 314 dólares en diciembre. Desde entonces se recuperó hasta cotizar este mes por encima de los 450 dólares la tonelada. Todo indica que los altos precios agrícolas, más allá de las oscilaciones por las turbulencias internacionales, son un fenómeno de largo plazo, un dato clave para la economía argentina que asiste a su expresión política.

Catalizador
Siempre es más fácil el racconto a posteriori. Quien relata no enfrenta, como el hacedor de política, los dilemas ni las presiones del decisor. Quizá el gobierno no haya medido la nueva correlación real de fuerzas, o quizá se haya desentendido de la alianza de clases en que sustentaba su poder. La virulenta reacción de las corporaciones agropecuarias superó las expectativas propias y ajenas. No sólo por su capacidad de exacerbar las peores tendencias que ya mostraba la economía; como la inflación por la vía del desabastecimiento, o lo peor de la política; como la prepotencia para intentar imponer su voluntad mediante la acción directa, sino porque los patrones del campo se convirtieron en el más inesperado catalizador del descontento.

Construyendo identidad
Con la confianza recuperada en actos de apoyo multitudinarios, como el de Rosario del 25 de mayo de 2008, al que asistieron casi 200 mil personas, la nueva vieja derecha comenzó a generar política. Lo que ya era un claro bloque económico, paradójicamente consolidado bajo la administración iniciada en 2003, fue en busca de una expresión institucional, ahora sin intermediaciones ni impurezas.
El rechazo de la 125 en el Senado fue, visto en perspectiva, el primer paso, pero el camino fue largo y supuso también la construcción de identidad. Desde principios de la década comenzó a describirse un nuevo sujeto agrario. El “hombre de campo” ya no sería aquel viejo absentista- rentista descripto por la vieja literatura, sino un empresario shumpeteriano que trabaja en la frontera tecnológica, que innova constantemente combinando lo más avanzado de la biotecnología con modernas técnicas de siembra, que se acompaña por la ciencia de la información, la ingeniería de suelos, los desarrollos satelitales y, en el límite, llega a la “agricultura de precisión”. Además, como lo nuevo nunca es barato, recurre a una sofisticada creatividad financiera para hacer crecer, multiplicar, invertir y reinvertir, con ética protestante, las ganancias obtenidas. Tanta riqueza no puede sino derramar, pagar los mejores salarios, expandirse en la demanda de insumos y maquinaria y hasta promover la industria de la construcción a través de las inversiones inmobiliarias. El discurso agrega que todo ello no se ve desde la urbe, no sucede a la vista de los incrédulos que alguna vez revisaron la matriz insumo-producto argentina, sino que ocurre en el idealizado “interior”, un interior “próspero”, “profundo”, trabajador y sacrificado. El hombre de la ciudad, mero consumidor de los productos del campo, no conoce ni entiende las complejidades matinales del ordeñe de la vaca, de la puesta en marcha de la sembradora, de los ciclos de la tierra.
En su novel identidad, el hombre de campo devenido empresario sagaz ya no es el pasado, la bota de potro y la bombacha, sino el futuro. Ya no se parece al gaucho, sino a los Grobocopatel, al rey Midas. Son el motor de la nueva argentina, “los productores”, los que generan divisas “para el país”.

Los feos y la geografía
Ninguna afirmación de la identidad está completa sin su espejo, sin el “otro”. No hay civilización agraria sin barbarie. Alentada por el resultado electoral, la nueva vieja derecha se volvió diáfana y explícita. Uno de sus más brillantes lobistas escribió el pasado 4 de julio, en su tribuna del suplemento rural del diario Clarín, que en las legislativas el eje sojero Rosario-Córdoba le había ganado al eje Matanza-Riachuelo. La victoria se habría producido porque “la sociedad” perdió su disposición a permitir que el segundo eje “expolie” al primero “genuinamente productivo” vía la “exacción” de las retenciones. Vale reconocer que la vulgata evita explicar los votos del conurbano que favorecieron a los candidatos de los sojeros, pero el cuadro no pierde claridad: “De este lado nosotros; los productivos, la patria, la tierra y el paisaje, del otro lado; ustedes, los feos, sucios y malos del conurbano que participan del robo del resultado de nuestro trabajo”. Revolucionando las ciencias sociales, el lobista intentó que un conflicto económico y social se vuelva puramente geográfico, como destacó el politólogo Edgardo Mocca, una manera singular de presentar la lucha del nuevo viejo bloque por la hegemonía. En la misma línea, la geografía subsume también a la política. No puede ser, agregó el lobista, que mientras el poder económico, identificado con la soja, se corre cada vez más al norte, el poder político siga en el “lejano sur rentista de recursos naturales no renovables”. Lo lógico es que el poder político también regrese al “norte”.

Economía política del conflicto
Pero si lo que está en juego es la lucha del nuevo viejo bloque económico por su hegemonía, y si el problema del poder está en la alianza que lo sustenta, se vuelve necesario caracterizar a las clases que lo expresan.
El antagonismo principal durante el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) que rigió hasta mediados de los setenta fue entre campo e industria. Por entonces surgieron algunas teorías que no perdieron vigencia, entre ellas las de la “estructura productiva desequilibrada” desarrollada, entre otros, por el economista Marcelo Diamand. Tipo de cambio y retenciones, es decir; tipos de cambio diferenciados para sectores con distintas productividades relativas, fueron entonces los instrumentos macroeconómicos para equilibrar las diferencias. Pero con prescindencia del nivel del tipo de cambio, el agro pampeano siempre vivió la imposibilidad de recibir el precio pleno en dólares como “una confiscación”.
La ISI también desarrolló a la clase obrera, la que no dejó de reclamar su participación en el ingreso. Industriales y terratenientes no dudaron en unirse frente al adversario común y cerraron el ciclo de la ISI con lo que Eduardo Basualdo y Martín Schorr denominaron “revancha clasista”. Su expresión fue la dictadura militar y la consolidación del régimen de valorización financiera con endeudamiento externo y salida de capitales.
Terminado el cuarto de siglo de valorización financiera que eclosionó en 2001, la tenue recuperación de la industria iniciada en 2003 dio lugar a la reaparición de muchas de las viejas contradicciones de la ISI, una de ellas fue la principal entre campo e industria. Sin embargo, ya no estaban presentes ni el mismo campo ni la misma industria que a mediados de los ‘70. En un cuarto de siglo ambas fracciones del capital sufrieron transformaciones profundas. Basualdo y Nicolás Arceo ensayaron recientemente una explicación estructural del rechazo a la 125. Para ello, brindaron algunas claves de la naturaleza del bloque que hoy lucha por su hegemonía.
Para los economistas, a partir de 2002 no logró consolidarse un nuevo patrón de acumulación debido a la disputa irresuelta entre los distintos actores sociales. La expansión de la economía real, en el agro, la industria y la construcción, ganó terreno sobre la valorización financiera y los servicios públicos privatizados. Los trabajadores mejoraron su posición relativa por el aumento de la ocupación (reducción del “ejercito industrial de reserva” que funcionó como el gran disciplinador de los ’90) Sin embargo, cuando a partir de 2006/2007 los asalariados comienzan a intentar avanzar sobre la situación de 2001 se profundiza la puja por la distribución del ingreso vía inflación. La resistencia del agro pampeano a mayores retenciones habría venido a “terciar” en esta disputa a la vez que intentó “subordinar a los asalariados y a la producción industrial a su propio proceso de acumulación de capital”. En otras palabras, el agro comienza su lucha por la hegemonía. Su base es la inmensa acumulación de riqueza generada desde mediados de los ’90 por el proceso de sojización. Según los investigadores, no se trata sólo de la reacción frente a un impuesto “confiscatorio” ya que, a pesar de la 125, habían conseguido aumentar en un 45 por ciento interanual su rentabilidad por hectárea. El principal aporte de Basualdo y Arceo es la caracterización de este bloque: Los mayores propietarios de tierras que hoy conducen el capitalismo agrario pampeano, explican, son la continuidad de la oligarquía agropecuaria que fundó el Estado moderno. En su cúpula están presentes las dos fracciones que se sucedieron en la conducción de la clase en su conjunto, la puramente agraria, que condujo durante la etapa agroexportadora de principios del siglo XX, y la que además se diversificó a otros sectores de la economía y que condujo durante la ISI. La extranjerización de la industria local en la segunda mitad de los ’90 “debilitó” a esta segunda fracción, que luego de vender sus empresas se volvió financiera, con inversiones financieras en el exterior producto de la venta de empresas, además de agropecuaria. En la actual etapa esta fracción ya no le disputa la industrialización al capital extranjero, ahora hegemónico en la industria, sino que vuelve a centrarse en la producción agropecuaria, en particular por los altos precios de las commodities. La conclusión de los investigadores es que “la fracción hegemónica está conduciendo a la oligarquía en su conjunto a la recuperación de sus posiciones en la economía real a través de la expansión de la producción agropecuaria. Sin disputarle al capital transnacional el control de la producción industrial, pero sí condicionándolo”. Esta es la nueva forma que adquiere, un cuarto de siglo después, la disputa campo-industria.

El futuro
El escenario internacional en el largo plazo es de altos precios de las commodities agrarias. Esta en una oportunidad “para el país”, y en particular, para el sector que pugna por su hegemonía. En un trabajo de marzo pasado sobre la relación entre las retenciones y la política económica argentina, el economista Humberto Zambón reconoce esta oportunidad, pero la subordina al destino que tendrá el excedente económico que se genere: “Si beneficia a unos pocos, explica, se acentuará el proceso de concentración de riqueza, la distribución del ingreso se volverá más inequitativa y, parte al menos, terminará en inversiones o depósitos en el extranjero. Por el contrario, si es socializado con la intervención de un estado fuerte que permita destinarlo a conservar una elevada tasa de crecimiento de la industria y de la economía en general, buscando una inclusión e igualación social, con distribución más justa del ingreso, serviría para el desarrollo económico y social del país”. Después de las elecciones legislativas y a un año del bochazo a la 125, la relación de fuerzas parece inclinarse hacia la primera opción, lo que dada la importancia numérica de los sectores que pueden verse excluidos del futuro reparto del excedente, permite augurar a mediano plazo un crecimiento de la conflictividad social.

(Publicado en “Cash”, suplemento de “Página 12” del 19/7/09)

Golpe a golpe



por María Beatriz Gentile
UNCo-Fac. Humanidades-GEHiSo


En los días en que Francia caía en manos de Hitler, en la Argentina el senador Sanchez Sorondo se lamentaba de que sus colegas conservadores discutieran la posibilidad de intervenir en dos provincias para restaurar allí el sufragio; “Somos el único país de la tierra que hoy se ocupa del voto” exclamó el 4 de junio de 1940. Este sinceramiento del legislador no hacía más que mostrar la aceptación por parte de todas las corrientes –incluida la radical- de un orden político emanado del golpe de estado de 1930 y que para sobrevivir consentía la violación sistemática de los principios invocados como fuente de su legitimidad. Se entiende así que los integrantes de la clase política argentina estuvieran poco dispuestos a participar en un debate que los obligara a dar sus razones –no siempre ni necesariamente honorables- por las que habían aceptado ese papel en una democracia simulada.
En 1978 los directivos del Círculo de Ex Legisladores argentinos, encabezados por el ex diputado nacional de la UCR Vicente Mastolorenzo, se acercaron hasta la Casa de Gobierno para entregarle en mano al entonces presidente de facto, Jorge Rafael Videla, la invitación oficial a presidir la cena anual del Círculo. El hombre que había violado la constitución, suspendido el estado de derecho y cerrado el Parlamento era el invitado de honor de aquellos que habían ocupado una banca en su recinto. El 2 de agosto de ese mismo año, un centenar de ex legisladores, entre los que se encontraban algunos ex ministros, recibieron con un aplauso el ingreso del dictador a los salones de la confitería "El Molino". El episodio no fue una anécdota más. En la mesa de honor, a la derecha de Videla se ubicó el mismo Mastolorenzo y a su izquierda Mauricio Scatamacchia, quien había sido diputado por el Justicialismo. Distribuidos en las mesas había representantes de todos los partidos políticos.
La referencia a estos dos episodios de la historia política argentina viene a cuenta del impacto que ha tenido en el universo de la opinión mediática y/o política, el golpe de estado perpetrado en Honduras el 28 de junio pasado. Reflexiones y opiniones de variado tono, pero mayoritariamente dentro de una misma gama, sino han justificado explícitamente el derrocamiento del presidente Zelaya, tampoco lo han condenado de manera irrevocable. Un “…esta mal, pero….” parece haber sido el registro más utilizado bajo argumentos periféricos como ser la presencia activa de Hugo Chavèz, o la amistad con Daniel Ortega de Nicaragua.
El golpe en Honduras fue eso: un golpe. No una transición presidencial. Que un presidente deje su mandato anticipadamente dentro de los términos previsto por la constitución, no es comparable a que un presidente sea secuestrado de su casa, expulsado de su país y reemplazado por una conspiración de los poderes restantes. Antes de ser militar, el golpe hondureño fue técnico, jurídico y político. El golpe había comenzado días antes con un Congreso y una Corte Suprema que se dieron el lujo de decidir por su cuenta que las Fuerzas Armadas de Honduras no estaban ya subordinadas a su Comandante en Jefe, el presidente Zelaya. La historia de un golpe anunciado se volvió a repetir: mientras los golpistas militares reprimían, los golpistas civiles sacaban de no se sabe dónde una carta de renuncia del presidente, negada por el mismo Zelaya desde Costa Rica. Dicha carta falsificada fue más que suficiente para que el presidente del Congreso Nacional Roberto Micheletti, fuera designado presidente de facto por el poder legislativo. Si algo le faltaba a la fuerza de las armas, era la legalidad fraudulenta de la norma.
En América Latina en general, y en la Argentina en particular, la democracia no cabe duda que ha sido una petición postergada. Un sociólogo brasilero, Francisco Weffort, escribió que si Marx hubiese sido latinoamericano habría dicho que en América Latina la dictadura es la forma por excelencia de la dominación burguesa y la democracia, la forma por excelencia de la rebeldía popular. Y en parte es así, porque al fundarse el principio de una igualdad de derecho, la democracia da lugar a todas las luchas y conflictos por igualdad de hecho. En este sentido el conflicto social es siempre doblemente reivindicativo y democrático, ya que su demanda de mayor libertad y participación social en la distribución de la riqueza constituye el principal desafío de la democracia.
La versión jerárquica y no republicana del orden social que poseen las clases propietarias latinoamericanas sigue siendo el obstáculo más importante en la trayectoria democrática que nos define como unidad de destino. A ello se debe sumar, el hecho de que estas mismas clases nunca han visto en el Estado la representación formal del interés público - aunque usen sus instrumentos para hacer negocios- sino que han encontrado en él un adversario, cuando no enemigo fatal, a la sustanciación de sus intereses.
Desde este punto de vista no es sorprendente la actitud distante de la condena que ha mantenido una porción importante de la elite política local frente a los eventos centroamericanos. En gran medida, en la especulación sobre el futuro mediato de la Argentina, no les resulta tan disparatado pensar en algún tipo de solución semejante si se percibe que corren riesgo las bases de acumulación que hicieron posible la Nación de Propietarios.
El golpe del 28 de Junio en Honduras no es lo último de lo “viejo”, en el sentido del pasado dictatorial del continente. Es lo primero de lo “nuevo”. Y es aquí donde radica la encrucijada de nuestro futuro próximo.

De Narváez y la realidad virtual

por Humberto Zambon




El postmodernismo ha decretado la muerte de las ideologías y de las interpretaciones del mundo, del hombre y de la historia. Lo que queda son pequeñas historias e interpretaciones discontinuas entre sí, sin un hilo unificador, limitado a lo superfluo y a lo liviano, a lo cotidiano.
Jean Baudrillard es un pensador de los tiempos postmodernos. Él da un paso más: no sólo anuncia la muerte de las ideologías y de la historia sino que también comunica la desaparición de la realidad.
Con el postmodernismo la realidad ya no es lo que conocíamos. Para Baudrillard la única realidad es la virtual, la que construyen los medios. O mejor dicho, los dueños de los medios y los poderosos intereses económicos que representan. Son los medios los que crean u ocultan acontecimientos, sus “creativos” crean o modifican lo que pasa y generan una nueva realidad, que podrá ser mentirosa, pero es una “realidad” irrefutable, en la que todos creen y de la que todos hablan.
La gente cree que piensa pero en realidad repite lo que pensaron los grandes grupos de poder o, mejor dicho, lo que esos grandes grupos decidieron que la gente piense, que no es lo mismo.
Hay un novelista norteamericano, John Grisham, que utiliza esta nueva realidad virtual para mostrar como se puede crear un presidente de la primera potencia mundial. Grisham no es muy querido por los críticos literarios exigentes, pero es un buen artesano de la literatura, fabricante de best-sellers bien elaborados, siguiendo una repetida fórmula exitosa de abogados y juicios. En su novela “La hermandad”, publicada hace nueve años, muestra como la CIA y los poderosos intereses del complejo militar-industrial pueden fabricar un presidente que el pueblo americano crea que eligió libre y democráticamente.
En la novela se trata de un ignoto representante parlamentario, Aaron Lake, a quien convierten en pocas semanas en un candidato triunfante. Para ello lanzan un programa multimillonario de publicidad con “su rostro y unas breves palabras suyas y, en un abrir y cerrar de ojos, se habrá usted convertido en el político más famoso del país” según le dice al comienzo el director de la CIA. Lake le objeta “la fama no gana elecciones” por lo que el primero completa su pensamiento: “No, desde luego. Pero el dinero sí. Con dinero se compra la televisión y las encuestas, y asunto concluido”.
Pero no tenemos que recurrir a una novela y menos norteamericana, cuando entre nosotros tenemos esa nueva y palpable realidad. Se llama Francisco de Narváez y hasta hace poco era el casi desconocido ex dueño de “Casa Tía”. Pero utilizó millones para crear un imperio comunicativo a partir de América y más millones todavía para convertirse en un exitoso ganador de elecciones, al mejor estilo del ficticio Aaron Lake. Gastó tanto dinero que hasta su socio, Mauricio Macri, dijo que se le había ido la mano y que no sabía como lo iba a justificar. Pero estas palabras no importaron, porque los medios decidieron que no importaban ni tampoco saber de donde salía tanto dinero. Y ganó las elecciones sin que se le haya caído una sola idea.
Su artífice de la campaña, Jaime Durán Barba, en una entrevista publicada en la revista Debate del 4/7/09 lo justifica: “…cuando los candidatos debaten ideas, los medios no le dan suficiente espacio. Y sí lo dan cuando uno le dice idiota al otro, lo injuria o va al programa de Marcelo Tinelli. Los mismos medios que reclaman ideas, le dan espacio a lo que la gente le interesa” y, más adelante, “¿Qué le interesa al joven actual? Su iPod, no quedarse fuera de la red, participar en Facebook; es otro mundo”.
Somos viejos, de otro mundo. Todavía creemos en la fuerza de la razón y creemos en el hombre y sus valores. Y creemos que otro mundo más racional y justo no solo es posible sino es imprescindible para el progreso del ser humano. Creemos en la real democracia participativa, que no tiene nada que ver con la “virtual” que nos fabrican los medios. Y creemos en la realidad “real” y en la verdad, convencido que la práctica y la historia son las encargadas de validarla.
Por ello nos sentimos obligados a resistir al avance de la “realidad virtual”. En esta lucha no podemos menos que recordar la historia de Walter Benjamín, el gran pensador de la Escuela de Frankfurt. Cuando Hitler avanzaba sobre Europa occidental le pidieron que se exiliara porque en su condición de judío y de socialista corría un doble peligro, pero él se negó, porque en Europa quedaban posiciones a defender. Y las defendió, hasta que tuvo que optar por el suicidio para no caer en manos de los nazis que lo perseguían. Pero su lucha no fue estéril sino que contribuyó a la derrota del fascismo.
La vida de Walter Benjamín es parte de un “gran relato”, de esos que son abominados por el postmodernismo. Así como Benjamín en el siglo pasado defendió las últimas posiciones de la libertad, nosotros, enarbolando esas ideologías, que no han muerto, y esos “grandes relatos” que dan sentido a la historia del hombre, debemos defender las posiciones de la racionalidad que aún quedan ante el avance de la “realidad virtual”.
(Publicado en “Río Negro” el 22 de julio de 2009)